Histórico: Inicia el juicio al líder del MRTA por las masacres LGTBIQ+ en Perú
Tras décadas de impunidad, la Justicia peruana comenzó el juicio oral contra Víctor Polay y otros cabecillas del grupo subversivo por los crímenes de «limpieza social» cometidos entre 1989 y 1992, incluyendo la emblemática «Noche de las Gardenias». La Fiscalía solicita cadena perpetua.
El Segundo Juzgado Penal Colegiado Nacional de Perú instaló esta semana el juicio oral por los delitos de homicidio calificado y terrorismo contra Víctor Polay, histórico líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y otros altos mandos de la organización. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos sustentó formalmente el pedido de cadena perpetua para los acusados bajo la figura de autores mediatos, señalándolos como responsables de ordenar sistemáticamente crímenes de odio contra la población LGTBIQ+ en la región amazónica de San Martín.
La acusación fiscal se sostiene sobre la base de un plan deliberado de «limpieza social» ejecutado por el frente nororiental del grupo marxista. El inicio de este debate oral se logró luego de que el pasado 26 de mayo el Ministerio Público consiguiera que se declarara la imprescriptibilidad de estos delitos, al determinar que se cometieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Polay, de 75 años, ya cumple condena en la Base Naval del Callao por otras causas derivadas del conflicto armado interno (1980-2000).
El caso central de este juicio es la tristemente célebre «Noche de las Gardenias». El 31 de mayo de 1989, un contingente armado del MRTA irrumpió en la discoteca Las Gardenias, en la ciudad de Tarapoto, secuestró y asesinó a balazos en la calle a ocho personas trans y gays: César Marcelino Carvajal, Max Pérez Velásquez, Luis Mogollón, Alberto Chong Rojas, Rafael Gonzales, Carlos Piedra, Raúl Chumbe Rodríguez y Jhony Achuy. Días después, el propio órgano de prensa del grupo, el periódico Cambio, reivindicó la masacre bajo la premisa de erradicar lo que consideraban «lacras sociales». El expediente judicial también sumó los posteriores homicidios de Luis Pinchi (1990), Silvano Vela (1991) y Salomón Pérez (1992), ejecutados bajo la misma lógica de persecución por motivos de orientación sexual e identidad de género.
Este proceso judicial representa un hito fundamental para la memoria trans-marica-lesbiana de la región. Durante años, frente al olvido estatal, fueron las organizaciones civiles como el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL) las que asumieron la tarea de visibilizar la violencia. Gracias a iniciativas como el «Retablo de la Memoria TLGB» y el «Quipu de la Memoria», se logró que en 2003 la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) incluyera la persecución sistemática a las disidencias en su informe final, marcando un precedente histórico a nivel global para las comisiones de la verdad.
Pese a los avances simbólicos, como el pedido de disculpas y la placa conmemorativa instalada por el Ministerio de Justicia peruano en Tarapoto en 2018, la vulnerabilidad de la comunidad LGTBIQ+ en Perú sigue siendo una realidad alarmante. Las organizaciones locales denuncian que los proyectos de ley para proteger sus vidas son sistemáticamente archivados por el Congreso, mientras que la discriminación estructural persiste en ámbitos escolares y familiares. Con este juicio, activistas y familiares de las víctimas esperan no solo un castigo ejemplar para los culpables, sino un paso firme hacia la reparación y la dignidad de las identidades disidentes.
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