Antigua Guatemala marcha en desobediencia civil: el Orgullo desafía el veto homofóbico del municipio
Frente a la censura institucional del alcalde y la contraprogramación del espacio público, el activismo LGBTIQ+ ratifica la movilización de este sábado amparado en el derecho constitucional a la libre manifestación.
La ciudad colonial de Antigua Guatemala se convirtió en el epicentro de una intensa batalla política y cultural. El alcalde Juan Manuel Asturias, junto al concejo municipal, prohibieron de forma «unánime» la realización de la primera marcha por los derechos LGBTIQ+ en el municipio, originalmente prevista para este sábado 20 de junio. Argumentando la defensa de la «identidad, las costumbres y las tradiciones», la gestión local optó por la censura institucional y declaró a junio como el «Mes de la Familia», en un claro intento de invisibilizar a las disidencias sexuales.
Lejos de retroceder, el Comité Coordinador de Orgullo Antigua y organizaciones aliadas como Asociación LAMBDA, AMTA y Visibles plantaron bandera frente al autoritarismo. El activismo local interpuso una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) respaldada por más de 500 firmas ciudadanas, recordando un principio jurídico fundamental: el artículo 33 de la Constitución de la República garantiza el derecho a la manifestación pacífica. Las disidencias aclararon que la notificación a la comuna fue un acto informativo y logístico, ya que los derechos humanos no se negocian ni requieren el permiso de los gobiernos de turno.
La estrategia de la municipalidad incluyó además la asfixia del espacio público. A última hora, el gobierno local autorizó ferias y eventos tradicionales en los mismos puntos y horarios de la ruta del Orgullo, una táctica de contraprogramación que busca generar bloqueos físicos e incentivar la confrontación. Ante este escenario hostil, las agrupaciones denunciaron penalmente al alcalde por promover discursos de odio y advirtieron el peligro del uso del estigma hacia la población LGBTIQ+ como una plataforma electoral de cara a los comicios generales de 2027.
En contraste con el ala municipal, la Gobernación Departamental de Sacatepéquez dictó un fallo de legalidad que desarmó el veto. La gobernadora Angelina Aspuac fue tajante al declarar que su institución no tiene facultades para prohibir manifestaciones y que acatar la petición del alcalde constituiría un «abuso de autoridad». Asimismo, confirmó que la Policía Nacional Civil se desplegará exclusivamente para garantizar la seguridad y la integridad física de quienes se movilicen, desautorizando formalmente la censura del intendente.
Para blindar la jornada de cualquier provocación o excusa legalista que permita la intervención policial local, la organización de «Orgullo Antigua» diseñó un riguroso protocolo de cuidado y autodefensa pacífica. Las pautas comunitarias prohíben el consumo de alcohol, el uso de amplificadores de sonido de alto impacto y obligan a mantener una estricta política de limpieza para proteger el patrimonio histórico. «Planificamos dejar las cosas más limpias de cómo las encontramos«, señalaron desde el comité organizador, enfatizando el carácter familiar y pacífico de la marcha.
Este sábado, la movilización que partirá al mediodía desde las ruinas de la iglesia Candelaria hacia el Parque Central dejará de ser solo una celebración conmemorativa para transformarse en un hito histórico de desobediencia civil pacífica. En un contexto regional donde las narrativas antiderechos avanzan sobre los espacios institucionales, el activismo de Antigua Guatemala camina con la dignidad de saber que ocupar las calles no es una concesión municipal, sino un derecho democrático inalienable.
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