Violencia institucional: Detienen a 10 guardias por golpiza a un varón trans en Bouwer
Una grave denuncia de violencia institucional sacude al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Diez guardias mujeres de la cárcel de Bouwer quedaron detenidas tras la acusación de un varón trans, alojado en el penal femenino, quien dijo haber sufrido una brutal golpiza por parte de las agentes. La Justicia provincial investiga el caso que pone de relieve la vulnerabilidad de las personas trans en contextos carcelarios.
El denunciante es un varón trans que, por disposición judicial, permanece alojado en el Establecimiento Penitenciario N°3 (EP3) de mujeres. Los hechos, ocurridos el 23 de noviembre, implican que el interno fue trasladado a una sala y agredido física y psicológicamente por varias agentes. La denuncia fue presentada directamente a la jefa del SPC, Carolina Funes, lo que aceleró la investigación interna.
El fiscal José Mana, a cargo de la causa, ordenó la detención de las diez agentes, ocho de las cuales ya fueron apresadas. Las imputaciones iniciales son por «severidades y apremios ilegales» y podrían escalar, según el avance de la pesquisa. La celeridad de la Justicia se basó en el riesgo de entorpecimiento de la investigación por parte de las funcionarias.
Un elemento clave en la causa son las filmaciones de las cámaras de seguridad de la prisión, presentadas ante la Justicia por el propio Servicio Penitenciario. Las autoridades confirmaron que las imágenes fueron determinantes para constatar la agresión y sustentar las sospechas contra las guardias, todas con años de antigüedad en el SPC.
Este episodio expone la violencia a la que se enfrentan las personas trans detenidas. Pese a autopercibirse como varón, la víctima está en un pabellón de mujeres, lo que genera una doble vulneración en un entorno ya de por sí hostil. Las autoridades destacaron que la propia fuerza penitenciaria activó los mecanismos para que la Justicia interviniera.
El caso se suma a otra grave investigación por violencia institucional en el mismo complejo, donde el fiscal Mana dictó la prisión preventiva a 10 miembros del SPC por la muerte de César Darío Moreno en 2023. Ambas causas evidencian la necesidad de revisar los protocolos y garantizar los derechos humanos de los internos, especialmente los más vulnerables como la población trans.
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