María Rachid y el juicio por el Triple Lesbicidio de Barracas
La presidenta de la Federación Argentina LGBT (FALGBT), María Rachid, se refirió al juicio que comenzó el 18 de mayo por el triple lesbicidio ocurrido en Barracas, cuyo segundo aniversario se cumplió el 6 de mayo. Desde su rol como organización querellante, Rachid aclaró que el objetivo central no es necesariamente obtener una condena a perpetuidad, sino lograr que el tribunal reconozca públicamente que se trató de un crimen de odio y un lesbicidio. Para ella, esa es una decisión de carácter político: «si no se visibiliza el odio a la diversidad, no se lo podrá revertir». La FALGBT aportó a la justicia informes y relevamientos sobre crímenes de odio, considerando que hay material más que suficiente para ese reconocimiento.
El contexto: discursos de odio y violencia institucional
Rachid ubica el crimen de Barracas como el inicio de un período de profundización de la violencia contra la comunidad LGBT, directamente vinculado a los discursos que emergieron desde La Libertad Avanza, primero en campaña y luego desde el gobierno nacional. Los números le dan la razón: los crímenes de odio registrados en el país casi se duplicaron en los últimos años.

Sin embargo, matiza que esto no refleja un cambio en la mayoría de la sociedad argentina —la misma que acompañó el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género— sino que un sector minoritario que antes se expresaba con menos intensidad hoy se siente avalado para actuar con mayor vehemencia y violencia. A esto se suma que buena parte de la población está absorbida por la preocupación por su subsistencia económica, lo que desplaza estos debates a un segundo plano.
Un camino largo para revertir el daño
Rachid advierte que revertir esta situación llevará tiempo, incluso si cambia el signo político del gobierno, porque los discursos de odio ya ganaron cierta legitimidad en una porción de la sociedad. Señala que la derecha históricamente utilizó sectores vulnerados como chivos expiatorios —hoy las disidencias sexuales y las personas trans, e incluso el colectivo de personas con discapacidad— y que, aunque aún son una minoría quienes sostienen esas posiciones, tienen la voluntad explícita de librar una batalla cultural.

En ese marco, menciona también el retroceso en materia de Educación Sexual Integral: el Ministerio de Educación nacional dejó de publicar contenidos de ESI, y varios ministerios provinciales siguieron ese ejemplo, en un año en que se cumplen dos décadas de la ley.
Fuente: Maby Sosa, Tiempo Argentino, 10 de mayo de 2026. Entrevista completa: tiempoar.com.ar
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