A diez meses de la muerte de Samuel Tobares, su familia insiste en cambiar la carátula de la causa
Abigail Tobares, hermana de Samuel, reclamó que la causa pase de homicidio preterintencional a homicidio calificado y afirmó que todavía hay puntos sin esclarecer sobre el operativo policial que terminó con la vida de su hermano en Villa Parque Síquiman.
A diez meses de la muerte de Samuel Tobares (34), ocurrida en un procedimiento policial en Villa Parque Síquiman, su familia continúa pidiendo justicia y exige que la Justicia cambie la carátula de la causa: de homicidio preterintencional a homicidio calificado. La investigación está a cargo del fiscal Ricardo Mazzucchi.
Samuel murió la noche del 23 de noviembre de 2025, cuando esperaba el colectivo para volver a su casa después de trabajar. En ese momento fue detenido por los policías Franco Sebastián Romero y Guillermo Serafín Arce, quienes justificaron el procedimiento diciendo que una vecina había denunciado una amenaza y que Samuel coincidía con la descripción del agresor. Según testigos, los uniformados lo redujeron con extrema violencia, lo golpearon durante unos 20 minutos y lo insultaron con comentarios homo odiantes. Durante el episodio, Samuel se descompensó: los policías lo subieron al móvil para llevarlo al Hospital Domingo Funes, pero llegó sin signos vitales y no pudo ser reanimado.
“Quedan más que claras las evidencias de que lo que pasó fue salvaje. Entre los testigos, todo lo que se estuvo investigando, no hay manera de que puedan distorsionar o mentir”, sostuvo Abigail Tobares en diálogo con ElDoce.tv. Según su hermana, las pruebas y los testimonios reunidos hasta ahora demuestran la violencia desmedida del operativo, motivo por el cual la familia insiste en el pedido de recalificación: “Estamos esperando que nos responda el juez de Control, desde la Cámara del Crimen, el fiscal”.
A casi un año del hecho, Abigail remarcó que varios puntos clave siguen sin esclarecerse, en particular por qué los policías optaron por trasladar a Samuel en el móvil en lugar de pedir una ambulancia: “Seguimos pidiendo que sean claros con eso”, señaló. Sobre la autopsia, rechazó que las lesiones detectadas en el tórax se deban a maniobras de reanimación cardiopulmonar y cuestionó las versiones que vincularon la muerte de su hermano con el consumo de cocaína. Según su lectura de la autopsia y de los testimonios, Samuel estuvo boca abajo, sufrió la aplicación de gas pimienta y tuvo comprometidas sus vías respiratorias durante la reducción: “En la autopsia sale que no solo lo tuvieron boca abajo sino que hubo un arrastre, y los testigos dicen lo mismo”.
Como parte del reclamo de justicia, familiares y allegados de Samuel pintaron un mural en la garita donde ocurrió el episodio, para recordarlo y visibilizar el caso. “Estamos destruidos, estos dos policías destruyeron una familia y también las personas que pudieron haber actuado y no hicieron nada”, cerró Abigail.
Fuente: El Resaltador.
Noticia al 2 de diciembre de 2025
Córdoba en estado de alerta: rechazan el «show» del gobierno y exigen justicia para Samuel y Camila
La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) de Córdoba repudió una invitación informal vía WhatsApp del Ministerio de Seguridad para «conversar» sobre los recientes homicidios. Denuncian un intento de banalización por parte de la gestión de Juan Pablo Quinteros y exigen una reunión urgente con las máximas autoridades. «A Samuel lo mató la policía», sentencian.
La violencia institucional y los crímenes de odio han puesto a la provincia de Córdoba en una situación de emergencia crítica. A solo 8 días del brutal asesinato de Samuel Tobares en Villa Parque Síquiman y tras el crimen de Camila Merlo, la comunidad LGBTIQ+ y los organismos de Derechos Humanos han dicho «basta».
La tensión escaló en las últimas horas luego de que la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo de Córdoba (COMO) hiciera público un duro comunicado rechazando una maniobra del gobierno provincial que calificaron de «demagógica y dilatoria».
«Lo mataron como a un perro»
El caso de Samuel Tobares, un joven disidente de 34 años, expuso la cara más cruenta de la violencia policial. Samuel regresaba de trabajar en un hotel de Carlos Paz cuando fue interceptado por efectivos en La Garita. Lo que debía ser un control, se transformó en una ejecución.
Testigos presenciales relatan una escena de terror: Samuel fue «molido a golpes» durante casi 20 minutos. «Los oficiales, completamente sacados, lo golpearon y llegaron a sentarse encima varios minutos», aseguraron los vecinos. A pesar de la versión oficial que intentó instalar que falleció en el Hospital Funes, quienes vieron el ataque afirman que «lo dejaron morir en la calle».
La autopsia confirmó la brutalidad: múltiples traumatismos que le costaron la vida. Actualmente, hay dos policías detenidos, pero para las organizaciones, esto no es un caso aislado ni un «exceso», sino una política de estado.
Indignación por una invitación vía WhatsApp
Mientras la comunidad llora a sus muertos, la respuesta del Gobierno de Córdoba encendió aún más la bronca. Según denunció la COMO mediante placas difundidas en sus redes oficiales, recibieron una invitación informal —reenviada múltiples veces por cadenas de WhatsApp— para participar de una reunión con funcionarios de segunda línea de los ministerios de Seguridad y Desarrollo Humano. El motivo irrisorio: «conversar sobre las últimas situaciones acontecidas».
La respuesta del activismo fue contundente: «Rechazamos enérgicamente la invitación».
Desde la organización, que nuclea a las principales agrupaciones de la diversidad en la provincia, consideraron que el formato de la convocatoria «evidencia la banalización y la falta de respuesta sobre los homicidios de Samuel Tobares y Camila Merlo».
Exigencia de renuncia y reunión con ministros
En los comunicados visuales, la COMO apunta directamente contra la gestión del Ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, a quien acusan de montar un «show» en lugar de gestionar.
«Hágase cargo @quinterosjp, deje el show un rato y piense en la gente», dispararon en su primer comunicado.
Ante la gravedad de los hechos, que definen como «consecuencia directa de la escalada de violencia y persecución nacional, gestada explícitamente como política estatal», la organización exige públicamente y con carácter de urgencia una reunión formal con las máximas autoridades:
- Juan Pablo Quinteros (Ministro de Seguridad).
- Julián María López (Ministro de Justicia, quien había sido omitido en la convocatoria informal).
«¡Que trabajar no nos cueste la vida!»
Bajo las consignas «¡Lo mató la policía!» y «¡Basta de matarnos!», las organizaciones advierten que no permitirán que se siga disciplinando a la comunidad, a lxs trabajadorxs sexuales y a quienes habitan la vía pública.
Para canalizar el reclamo y definir los pasos a seguir, se ha convocado a una Asamblea Abierta para este viernes 5 de diciembre a las 17:00 horas en la Plaza Pepa Gaitán.
Córdoba marcha una vez más, no solo por el orgullo, sino por la supervivencia. La comunidad exige que el Estado deje de ser una maquinaria de persecución y garantice, de una vez por todas, justicia por Samuel y Camila.
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