Alerta en el Senado: la FALGBT+ llama a impugnar la candidatura de la jueza Lucila Córdoba
El 6 de mayo, el Senado tratará el pliego de la magistrada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Las organizaciones LGBT+ y familias afectadas por sus fallos en gestación solidaria tienen tiempo hasta el 23 de abril para presentar observaciones.
El nombre de Lucila Inés Córdoba no es nuevo en los debates sobre la independencia judicial en Argentina. Jueza Nacional en lo Civil, doctora en Ciencias Jurídicas con múltiples reconocimientos académicos y profesora universitaria en la UBA y en la UAI, su trayectoria combina credenciales formales con una historia de polémicas que ahora vuelve al centro de la escena: el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por Juan Bautista Mahiques, impulsa su ascenso a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala K.
Ante esa postulación, la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT+) convocó de manera urgente a personas gestantes, familias por gestación solidaria, organizaciones de la sociedad civil y profesionales del derecho a presentar observaciones ante el Senado de la Nación, que debatirá el pliego en audiencia pública el próximo 6 de mayo de 2026. El plazo para enviar impugnaciones vence el 23 de abril.
Una jueza y su historia con el poder
El vínculo entre Lucila Córdoba y Juan Bautista Mahiques no es nuevo. En 2018, apenas semanas después de asumir como jueza del Juzgado Civil N° 8, Córdoba designó como secretaria letrada a María Victoria Ordóñez, pareja de Juan Bautista Mahiques, entonces subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial en el Ministerio de Justicia y consejero de la Magistratura en representación del Poder Ejecutivo. El sindicato judicial UEJN organizó una protesta bajo la consigna «No al acomodo», y la Cámara Civil debió intervenir para reubicar a la funcionaria que fue desplazada. Según fuentes judiciales citadas en aquel momento, la participación de Mahiques fue «central» en la llegada de Córdoba a ese juzgado.
Córdoba es además hija de Marcos Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la UAI, uno de los redactores del Código Civil y referente de perfil conservador en materia de Derecho de Familia.
Hoy, ese mismo Juan Bautista Mahiques ocupa el Ministerio de Justicia de la Nación bajo la presidencia de Javier Milei, y es quien promueve su candidatura a la Cámara de Apelaciones. Para quienes siguen la carrera de la magistrada, la historia se repite con nueva escala.
El expediente de gestación solidaria: cuatro años, un giro y cientos de familias afectadas
El núcleo más grave de las críticas contra Córdoba tiene que ver con su manejo de un expediente colectivo sobre gestación solidaria —conocida también como subrogación de vientre— que tramitó en su juzgado durante cuatro años.
Según la FALGBT+, durante ese período la jueza no solo mantuvo la regulación de la práctica por vía cautelar, sino que promovió activamente su extensión a nivel nacional, convocando mesas de trabajo con autoridades nacionales para proyectar el régimen a todo el país. Esa dinámica generó que cientos de familias iniciaran tratamientos, se realizaran transferencias embrionarias y se lograran embarazos. Al momento en que cambió su criterio, el número de procesos de gestación solidaria activos —de familias nacionales e extranjeras— había superado los 300, y agencias internacionales del rubro ya operaban en el país.
Tras la asunción de Javier Milei como presidente, la postura de Córdoba dio un giro radical. Falló en contra de la causa colectiva, prohibió la salida del país de personas gestantes, familias e infancias involucradas, y las denunció penalmente —por hechos en los que, según la federación, la propia magistrada tiene responsabilidad directa—. Ese cambio de criterio tuvo consecuencias concretas: dificultades en la registración de niños y niñas ya nacidos, y situaciones de grave vulneración de derechos para las familias afectadas. Para colmo de la paradoja, tras cuatro años de retener el expediente sin resolución definitiva, Córdoba promovió un planteo de incompetencia del fuero civil.
La prohibición de nombrar a Lanata: otro antecedente bajo la lupa
La trayectoria de Córdoba sumó otro capítulo en septiembre de 2024, cuando emitió una resolución que prohibía a los medios de comunicación mencionar el nombre de Jorge Lanata. El fallo, cuestionado como un atropello a la libertad de expresión, argumentaba proteger la intimidad del periodista en un momento de delicado estado de salud, en medio de un conflicto familiar y una causa judicial. La decisión fue duramente criticada: toda la jurisprudencia coincide en que el derecho a la intimidad cede frente al derecho a informar cuando se trata de personas públicas, y aún más cuando existe una causa judicial en curso. La comparación con otra magistrada —que en el mismo período rechazó un pedido similar del expresidente Alberto Fernández— no hizo más que subrayar el contraste.
Por qué importa este ascenso
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil es una instancia revisora clave: sus fallos impactan sobre miles de casos vinculados al derecho de familia, filiación, adopción y, potencialmente, nuevas disputas sobre técnicas de reproducción asistida. Promover a ese tribunal a una jueza cuya independencia, imparcialidad e idoneidad están siendo cuestionadas por amplios sectores de la sociedad civil —y cuyo historial muestra un cambio de criterio que coincide con el cambio de gobierno— es, para la FALGBT+ y las organizaciones que la acompañan, una señal de alarma que no puede ignorarse.
La federación pone a disposición un modelo de observación y un canal para recibir testimonios, antecedentes y preguntas para ser presentadas ante el Senado. El plazo vence el 23 de abril de 2026.
Las personas y organizaciones que deseen presentar observaciones pueden hacerlo contactándose con la Federación Argentina LGBT+ a través de sus canales oficiales antes de la fecha límite.
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