Buscan a una mujer trans en Salta: la policía en la mira por su desaparición
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta presentó un habeas corpus urgente ante el juez Diego Rodríguez Pipino para dar con el paradero de Marlen Alejandra Emilce Villarrubia. «La Grillo», mujer trans de 35 años, desapareció tras ser detenida por agentes de la Comisaría 2ª del barrio Santa Cecilia. La justicia investiga un procedimiento plagado de irregularidades, ya que la fuerza de seguridad fue la última en tener contacto con ella.
Marlen fue interceptada el 5 de enero en el barrio San Benito por un patrullero integrado por el oficial Ángel Claure, el cabo Mario Cruz y la agente Trinidad Viveros. El argumento policial fue un pedido de captura de 2021 que, según se constató después, ya no estaba vigente. Pese a esto, la trasladaron a la dependencia, la requisaron y la esposaron, iniciándose un itinerario institucional que hoy nadie puede reconstruir con certeza.
El sumario policial presenta fallas graves: hay errores de fechas, falta el acta de soltura y no existen constancias de su traslado efectivo. La versión de la Comisaría 2ª indica que la llevaron al Centro de Contraventores y luego la liberaron. Sin embargo, en dicho centro negaron su alojamiento por ser mujer y aseguraron que, al caerse la orden judicial, debía ser liberada. El problema es que no hay registro administrativo ni médico que certifique que Marlen salió de allí por sus propios medios.
Un suboficial de la propia comisaría reconoció que, tras el rechazo en el Centro de Contraventores, perdieron el rastro de la mujer. Ningún hospital, alcaidía ni morgue de la provincia registra su ingreso. El Comité denunció que la detención se ejecutó bajo una orden inexistente y que la ausencia total de documentación sobre su liberación configura un escenario de extrema gravedad institucional.
La preocupación escaló cuando María Medrano, de la Asociación Civil “YoNoFui”, alertó sobre la falta de noticias desde el 7 de enero, fecha del último contacto telefónico de Marlen. Desde el Programa contra la Violencia Institucional subrayan que el Estado falló en los controles básicos. La cadena de custodia se rompió y ninguna institución asume la responsabilidad de haber tenido a la mujer bajo su cuidado.
El habeas corpus exige la localización inmediata de Villarrubia y la identificación de las responsabilidades policiales en este procedimiento opaco. Mientras se activan los protocolos de búsqueda, la mira está puesta en el accionar de los efectivos de la Comisaría 2ª, quienes realizaron una aprehensión ilegal y no pueden acreditar qué hicieron con ella después.
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