Por qué las diversidades no acompañamos a Milei y sus socixs?
Argentina, nación vanguardia en derechos LGTBIQ+ con la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género (LIG), enfrenta una embestida institucional y discursiva sin precedentes. Tras dos años de gestión de La Libertad Avanza (LLA), el gobierno de Javier Milei ha implementado una estrategia de desmantelamiento multifacético que utiliza la austeridad fiscal como coartada para imponer un profundo conservadurismo social que atenta contra nuestras conquistas.
Esta ofensiva, articulada en torno a la denominada «Batalla Cultural,» no busca únicamente detener el avance de derechos: persigue activamente el retroceso simbólico, legal y presupuestario de las conquistas históricas de la comunidad de la diversidad sexual.
1. La «Ideología de Género» como Arma Política
El pilar de esta estrategia es el uso corrosivo de la etiqueta «ideología de género,» la cual es fusionada con el concepto de «marxismo cultural» para deslegitimar cualquier política pública de equidad. Este marco ideológico tiene una doble función:
- Justificación Moral: Presenta las políticas de diversidad (educación, salud, prevención) no como derechos, sino como «negocio de la política» o un intento de «destrucción de la civilización,» movilizando bases conservadoras.
- Borrado Simbólico: La prohibición explícita del uso del lenguaje inclusivo (‘E’, ‘X’) y la perspectiva de género en toda la Administración Pública Nacional (APN) es un acto de censura simbólica. Al negar la validez lingüística y administrativa de las identidades no binarias, el Estado se retira de su función de reconocimiento e inclusión.
Este clima discursivo, sostenido por la retórica presidencial en foros nacionales e internacionales, ha sido señalado por organismos como la APDH por su componente de odio y estigmatización del «diferente,» abriendo la puerta a un aumento de la intolerancia social.
2. El Vacío Institucional: El Cierre del INADI
La táctica de desprotección pasiva se materializó con la disolución formal del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Aunque la justificación oficial fue la «ineficiencia» y el ajuste fiscal, el impacto directo es la eliminación de la principal herramienta específica de la ciudadanía para denunciar discriminación por orientación sexual o identidad de género.
Las funciones del INADI fueron transferidas al Ministerio de Justicia, una entidad generalista. Organizaciones de la sociedad civil alertan que esta movida burocratiza, dispersa y desespecializa la respuesta estatal ante la discriminación. Al quitarle al colectivo LGTBIQ+ un organismo especializado de tutela, el Estado genera un vacío de protección que reduce la capacidad de ejercer el derecho a no ser discriminado y crea un clima de mayor impunidad para los agresores.
3. La Batalla Legal: Un DNU Contra los Derechos de la Niñez Trans
El ataque más directo a los derechos adquiridos provino del Poder Ejecutivo con el fallido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 62/2025. Este instrumento buscaba modificar la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743) para prohibir explícitamente que personas menores de 18 años accedieran a tratamientos de afirmación de género, incluso con consentimiento asistido.
Este intento de rollback normativo fue rápidamente neutralizado, demostrando la solidez del marco legal argentino. La Cámara Federal de Paraná declaró la inconstitucionalidad del DNU en mayo de 2025. El fallo se basó en dos pilares:
- Ilegitimidad del DNU: No existía la «necesidad ni urgencia» constitucional para modificar una ley de derechos humanos.
- Principio de Progresividad: La restricción vulneraba el principio internacional que prohíbe el retroceso en materia de derechos ya consagrados.
Esta histórica decisión judicial blindó a la LIG y obligó al gobierno a admitir que la vía ejecutiva para la retrogresión de derechos se encuentra agotada, forzando la batalla al ámbito legislativo.
4. El Ajuste por Inanición: El Caso de la ESI
Bajo la doctrina del «déficit cero,» las políticas de diversidad han sido víctimas del desmantelamiento por inanición.
El caso más preocupante es el de la Educación Sexual Integral (ESI). A pesar de ser un derecho fundamental (Ley 26.150) crucial para el reconocimiento de la diversidad sexual, la prevención de la violencia y la detección de abusos, el Proyecto de Presupuesto 2025 presenta la eliminación directa de la partida presupuestaria para la ESI.
Al retirar los fondos, el Estado hace inoperante la ley sin necesidad de derogarla formalmente. La justificación oficial de que la ESI es una política «ideologizada» oculta la intención de socavar la formación en diversidad y comprometer el sistema preventivo de los NNA, utilizando la tijera fiscal como herramienta de censura ideológica.
5. Mirando al 2025: El Congreso, Último Bastión
La ofensiva de LLA ha comprometido seriamente la «igualdad real» de los colectivos más vulnerables, como las personas trans y travestis, quienes dependen de la salud integral y de los programas de inclusión laboral, hoy amenazados por la reducción del gasto.
Con el Poder Judicial frenando los DNU, la agenda regresiva se trasladará inevitablemente al Congreso tras las elecciones legislativas de 2025. La composición de las bancadas será determinante para frenar las iniciativas que se esperan: reformas a la LIG o la modificación sustancial de la Ley de ESI.
La resistencia, por lo tanto, debe ser multifacética. El blindaje judicial debe ir acompañado de un fortalecimiento de la sociedad civil y los medios independientes, como ARGay.ar, para contrarrestar el discurso hegemónico, monitorear la vulneración de derechos y asegurar que las conquistas históricas no sean revertidas. El desafío de los próximos meses ya no es conquistar, sino resistir el retroceso.
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