El Tribunal Supremo de Reino Unido excluye a las mujeres trans de la definición legal de «mujer»
La decisión, que prioriza el sexo biológico sobre la identidad de género, limita los derechos de las personas trans en espacios y servicios exclusivos para mujeres, generando un retroceso en la lucha por la igualdad.
El Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminó que las mujeres trans no pueden ser consideradas «mujeres» bajo la Ley de Igualdad de 2010, definiendo el término como exclusivo de «mujeres biológicas» según el sexo asignado al nacer. Este fallo, respaldado por cinco jueces, representa un golpe significativo a los derechos de las personas trans, al excluirlas de cuotas, espacios y servicios reservados para mujeres, como vestuarios, consejos de administración públicos y organizaciones benéficas.
La sentencia, impulsada por grupos como For Women Scotland y apoyada financieramente por J.K. Rowling, argumenta que interpretar el sexo como género certificado crearía «agrupaciones heterogéneas» y contradiría la legislación. El juez Lord Hodge enfatizó que la Ley de Igualdad se refiere estrictamente al sexo biológico, ignorando certificados de reconocimiento de género. Esta postura, según activistas, despoja a las mujeres trans de derechos adquiridos desde 2004 y vulnera su dignidad y seguridad.
El fallo tiene implicaciones profundas: las mujeres trans podrían enfrentar restricciones en deportes, hospitales, albergues y espacios exclusivos para mujeres o lesbianas. Organizaciones como Scottish Trans instaron a mantener la calma, mientras Ellie Gomersall, del partido escocés de Los Verdes, calificó la decisión como un ataque a los derechos humanos de su comunidad, exigiendo una reforma legislativa para garantizar la igualdad.
Por su parte, grupos como Sex Matters celebraron la sentencia, afirmando que protege la «realidad» del sexo biológico. Sin embargo, la decisión genera incertidumbre para organismos públicos, que enfrentan dificultades para implementar políticas inclusivas sin violar la privacidad de las personas trans, cuya posesión de certificados de reconocimiento de género es confidencial.
Activistas trans denuncian que el fallo fomenta la discriminación y perpetúa la exclusión, al priorizar intereses de ciertos grupos sobre los derechos de una comunidad ya vulnerable. La Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, aunque apoyó al Gobierno escocés en el caso, reconoció que la sentencia aclara cuestiones sobre espacios exclusivos, pero aún evalúa sus implicaciones.
La sentencia no solo marca un retroceso en la lucha por la igualdad de género en Reino Unido, sino que también podría inspirar restricciones similares en otros países. Mientras el debate continúa, las personas trans enfrentan un futuro incierto, con menos protecciones legales y un mayor riesgo de exclusión social.
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