Trump deporta a migrantes LGBTQ+ a países africanos hostiles
Una investigación de Reuters documentó 40 casos de personas que habían obtenido amparo en Estados Unidos por persecución y fueron enviadas a terceros países que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo o que han sido señalados como hostiles hacia la comunidad.
Abdou Latifou huyó de Togo hace dos años, después de que una turba lo agrediera y amenazara de muerte por haberlo visto besando a su pareja. Buscó refugio en Estados Unidos y, en noviembre pasado, un juez de inmigración dictaminó que no era seguro devolverlo a su país. «Me dije a mí mismo: ‘A partir de hoy, entro en un mundo en el que soy libre de vivir siendo yo mismo’», contó. Pero en junio lo subieron a un avión de deportación rumbo a Sierra Leona, donde los gais pueden ser condenados a cadena perpetua por leyes de la época colonial.
Su caso es uno de los 40 que documentó Reuters: personas a las que Estados Unidos les había concedido protección legal por ser perseguidas por su condición LGBTQ+ y que luego fueron deportadas a terceros países de África. Los destinos son Sierra Leona, Camerún y Esuatini, que penalizan explícitamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, además de República Centroafricana, Guinea Ecuatorial y República Democrática del Congo, donde el Departamento de Estado ya había documentado abusos contra personas LGBTQ+, incluidas «violaciones correctivas» y terapias de conversión. Entre los afectados hay personas de distintos países africanos, y también de Irak, Jamaica y Rusia.
Las deportaciones a terceros países eran poco frecuentes antes del segundo mandato de Donald Trump. Según datos preliminares del Gobierno a los que accedió Reuters, desde su regreso al cargo el ICE y la Patrulla Fronteriza expulsaron a más de 40.000 personas a países que no son los suyos, una cifra muy superior a las estimaciones previas de organizaciones de derechos humanos. Unas 900 fueron enviadas a países africanos.
Reuters siguió el rastro de los 40 casos a partir de entrevistas con una docena de deportados y con abogados especializados en inmigración, además de la revisión de cientos de páginas de documentos legales. Dieciséis permanecen en los países adonde fueron enviados, y algunos siguen detenidos. Otros dieciséis, como Latifou, fueron devueltos por la fuerza a sus países de origen. Nueve se esconden en terceros lugares, y un hombre ghanés perdió el contacto con sus abogados y familiares.
Los testimonios muestran trayectorias de precariedad. Una mujer ghanesa bisexual, deportada a Camerún en enero, no hablaba francés y temía volver a Ghana: terminó viviendo con un familiar en el norte de Nigeria, donde las sanciones por relaciones entre personas del mismo sexo pueden incluir azotes o muerte por lapidación. Según relató, casi no sale de la casa. Un hombre gay ghanés, deportado a Sierra Leona y luego repatriado a la fuerza, lleva cuatro meses escondido en los bosques de Togo y sobrevive con el poco dinero que le manda su madre.
Otro caso es el de un mauritano de 44 años que había vivido más de una década en Estados Unidos. Fue detenido por el ICE en enero y trasladado a Esuatini, un país del que nunca había oído hablar, donde pasó un mes y medio en una cárcel infestada de mosquitos y sin agua caliente. Aceptó volver a Mauritania, pero cruzó a escondidas hacia Senegal, cuyo Gobierno duplicó hace poco la pena máxima por relaciones entre personas del mismo sexo. Hoy está con familiares en un pueblo remoto e intenta averiguar si algún país de Europa o Asia podría recibirlo. «Mi vida acaba de dar un vuelco», dijo.
Claire Trickler-McNulty, antigua alta funcionaria de inmigración estadounidense, afirmó que enviar a las personas «a un tercer país donde se enfrentan precisamente a la persecución que nosotros mismos hemos reconocido es una burla a nuestros sistemas de protección». Desde el Departamento de Seguridad Nacional, su portavoz Chandler Rebel sostuvo que el ICE «no aplica la ley basándose en la orientación sexual, eso sería ilegal», y que las expulsiones a terceros países son «una herramienta esencial para la seguridad pública». Los portavoces de los seis países mencionados no respondieron a los pedidos de comentarios.
Fuente: Reuters (reporte de Robbie Corey-Boulet en Dakar y Kristina Cooke en San Francisco)
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