20 años de la ESI: la evidencia respalda la ley que el Gobierno quiere recortar
Estudios oficiales y de Unicef muestran una caída del 49% en el embarazo adolescente y una mayor capacidad de niñas, niños y adolescentes para identificar situaciones de abuso. Mientras tanto, el oficialismo avanza con un proyecto para vaciar de perspectiva de género a la Educación Sexual Integral, y sectores conservadores redoblan denuncias que no siempre resisten el archivo.
A veinte años de la sanción de la Ley 26.150, durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Educación Sexual Integral llega a su aniversario con números que respaldan su continuidad: entre el 70% y el 80% de las infancias y adolescencias pudieron identificar situaciones de abuso gracias a los contenidos trabajados en la escuela, la tasa de embarazo adolescente cayó un 49% entre 2014 y 2020, y la mitad de los estudiantes logró reconocer situaciones de violencia entre pares. Así lo indican informes de Unicef y del Ministerio Público Tutelar porteño.
La ley que hoy se aplica en las aulas no es, sin embargo, la misma que se votó en 2006. Aquella sanción original enfrentó el rechazo de sectores religiosos y conservadores, pero fue a partir de 2018 —en paralelo al debate por la legalización del aborto y al empuje del movimiento feminista— cuando su implementación incorporó de forma explícita la perspectiva de género, la diversidad sexual y el cuestionamiento de los estereotipos. Ese giro quedó articulado con otras normas de ampliación de derechos: la Ley Micaela, la Ley de Paridad de Género, el Cupo Laboral Travesti-Trans y la Ley de Identidad de Género, sancionada en 2012.
Del otro lado, dirigentes como Graciela Spinelli, de «Padres Unidos contra la ideología de género en la escuela», sostienen que la ESI sexualiza a los niños y funciona como puerta de entrada a la pedofilia, y la asocian con una supuesta «agenda no reproductiva» de Naciones Unidas. El término, sin embargo, no existe como política oficial: lo que citan es la Agenda 2030, que promueve planificación familiar, educación sexual y reducción de la mortalidad materna. También apuntan al aumento de enfermedades de transmisión sexual como prueba del fracaso de la ley, pero desde Fundación Huésped remarcan que apenas el 30% de las personas sexualmente activas usa preservativo —en todos los grupos etarios, no solo jóvenes— y que el propio Gobierno dejó de distribuir preservativos en 2024 y 2025, lo que vuelve el fenómeno multicausal antes que atribuible a la ESI.
Especialistas en educación destacan que el mayor logro de la ESI fue el cambio de paradigma dentro del sistema educativo. La doctora en Educación Graciela Morgade señaló que la ley pasó de pensarse solo para adolescentes a tener un alcance integral para toda la vida, mientras que la psiquiatra infantil Alejandra Doretti subrayó que hoy los chicos y chicas cuentan con herramientas para no callar ante contactos inadecuados de un adulto, algo que antes rara vez se hablaba en las familias.
El propio Javier Milei calificó la ley de «ataque directo contra las familias», en línea con la plataforma electoral de La Libertad Avanza, que ya en 2023 proponía eliminar su obligatoriedad. La diputada Patricia Vázquez prepara ahora un proyecto para acotar los objetivos de la ESI exclusivamente a la prevención de abusos y embarazos, quitando todo contenido vinculado a la autopercepción de género, aunque desde el propio Gobierno reconocieron que por ahora no hay una estrategia concreta para avanzar con la reforma. En paralelo, la Justicia Federal suspendió a fines de julio de 2026 el DNU que desde febrero de 2025 prohibía tratamientos de hormonización y cirugías de adecuación corporal a menores de edad, tras una apelación de la Federación Argentina LGBT+; el Estado tiene hasta el 10 de agosto para presentar un recurso extraordinario.
Sobre una nota de Eugenia Arribas, La Nación 27/07/2026.
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