A 15 años del asesinato de Octavio Romero: el crimen de odio que la Justicia argentina no investigó
Era suboficial de la Prefectura Naval Argentina, vivía con su pareja desde hacía más de una década y había pedido autorización para casarse con él: habría sido el primer matrimonio igualitario en las fuerzas de seguridad. El 11 de junio de 2011 desapareció. Seis días después, su cuerpo apareció flotando en el Río de la Plata. Quince años después, no hay ningún imputado.
Octavio Oscar Romero tenía 33 años, hablaba tres idiomas y estaba terminando su tercera tecnicatura cuando desapareció el 11 de junio de 2011 en Buenos Aires. Llevaba doce años en pareja con Gabriel Gersbach y había formalizado ante la Prefectura Naval Argentina —donde cumplía funciones administrativas— el pedido de autorización para casarse: habría sido el primer agente de las fuerzas de seguridad en contraer matrimonio con alguien de su mismo sexo, un año después de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario.
Esa noche recibió una llamada desde el domicilio de un compañero de la fuerza, Omar Quiroz. Le dio a Gabriel un beso, y después otro. No volvió. El 17 de junio su cuerpo apareció desnudo en la intersección de la Avenida San Martín y el Río de la Plata, en Vicente López, territorio bajo jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina.
En septiembre de 2015, un informe anónimo de dieciséis páginas llegó a una radio porteña y a la Fiscalía de manera simultánea. El documento describía con detalle un operativo de la propia Prefectura —denominado «Operativo Oscar Delta» o «Operación Dignidad»— cuyo objetivo habría sido «evitar la deshonra» que representaba el casamiento. Señalaba un disco rígido con información sobre el operativo, escondido en una caja atornillada debajo de una cinta caminadora en el edificio de la fuerza. Cuando finalmente se realizó el allanamiento —demorado quince días por el juez— encontraron la cinta y la caja. El disco rígido no estaba.
La investigación penal fue un desastre sistemático: la Fiscalía indagó las parejas sexuales de Octavio y de Gabriel, nunca exploró la hipótesis del crimen de odio, mantuvo a Gabriel en un limbo jurídico durante dos años y extravió grabaciones clave. Desde 2016, la causa está de hecho paralizada. Nunca hubo imputados.
En 2021, con el acompañamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Fundación Igualdad, Gabriel Gersbach presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En septiembre de 2022, el Estado argentino firmó un Acuerdo de Solución Amistosa —el primero en la historia de la CIDH vinculado a un crimen de odio— reconociendo su responsabilidad internacional por la falta de investigación adecuada. Algunos compromisos asumidos se cumplieron antes del cambio de gobierno; otros se perdieron con la llegada de la gestión de Javier Milei, que también quitó de la grilla de Canal Encuentro el documental sobre el caso, La imperdonable alegría, estrenado en 2023.
Hoy se cumplen quince años. El Estado ya reconoció que falló. La causa penal sigue sin moverse. Según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, más de la mitad de los crímenes de odio registrados en 2025 tuvieron al Estado como autor, y casi un cuarto fueron cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en ejercicio. El caso de Octavio Romero no es historia: es presente.
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Fuente: elDiarioAR
Noticia al 11/05/2023
El Ministerio de Seguridad homenajea a Octavio Romero
Se dispuso nombrar ‘Octavio Romero’ a la resolución que elimina la solicitud y autorización para contraer matrimonio como requisito previo. El cuerpo de Romero apareció a orillas del Río de la Plata en 2011, meses después de anunciar su casamiento y en el marco de denuncias por hostigamiento en su trabajo.
“En homenaje a Octavio Romero y a todos aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que hayan sido discriminados por su orientación sexual”, indica el comunicado publicado en el Boletín Oficial del 10 de mayo.
El homo odio dentro de Prefectura
Octavio iba a ser el primer uniformado del país en contraer matrimonio con una persona de su mismo sexo. Poco tiempo después de hacerlo público en su trabajo -y luego de ser hostigado al respecto- apareció muerto en el río, a la altura de Costanera Norte y con signos de violencia física.
Asesinado y flotando en el mismísimo territorio político de la Prefectura.
Cuando Gabriel Gersbach denunció la ausencia de su novio en una comisaría porteña, días antes de que apareciera el cuerpo, detrás suyo estaban los dos jefes de Octavio, en claro signo de persecución y amenaza. Esos dos superiores fueron oportunamente trasladados a otras dependencias de la fuerza en el país. A partir de entonces, el derrotero judicial deviene inenarrable: violencia institucional, maltratos y omisiones. Una causa siempre detenida y un clamor que iba cediendo con el paso del tiempo
Solución amistosa
Tras once años de completa inacción judicial y por un acuerdo impulsado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el crimen homofóbico de Octavio Romero, prefecto asesinado en junio de 2011 tras informarle a sus superiores de esa fuerza que iba casarse con su novio, alcanzó en septiembre de 2022 un reconocimiento oficial.
Un hecho histórico para la historia de la diversidad sexual de la Argentina: la firma de una “solución amistosa” entre Gabriel Gersbach, pareja de la víctima, el organismo internacional con sede en Costa Rica, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Igualdad y la República Argentina, vía la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La firma de este acuerdo implicó el reconocimiento abierto de la impunidad estatal sostenida durante más de una década y promueve así acciones reparatorias para las víctimas -Romero y su pareja-, protagonistas de una historia estremecedora un año después de sancionada la ley de matrimonio igualitario, cuando aún las Fuerzas de Seguridad se reservaban el “derecho interno” de aprobar o no las uniones legales de sus miembros.
Fuente: Franco Torchia en Infobae y redacción
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