Hungría después de Orbán: derechos en disputa
Los 16 años de gobierno de Viktor Orbán dejaron a Hungría con una democracia erosionada y con derechos fundamentales severamente recortados, especialmente para mujeres y personas LGTBIQ+. Este deterioro no ocurrió en el vacío: forma parte de una tendencia ultraconservadora más amplia que, según el Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, movilizó 1.180 millones de dólares en Europa entre 2019 y 2023 para desmantelar conquistas en materia de igualdad y diversidad. Hungría fue el país que más financiación recibió para esta agenda, con 172 millones de dólares.
Uno de los símbolos más claros del retroceso es que Hungría sigue sin ratificar el Convenio de Estambul, el principal instrumento europeo contra la violencia de género, situándose junto a un puñado de países como Polonia o la República Checa que permanecen fuera de este marco de protección.
En materia de derechos reproductivos, si bien el aborto es legal desde 1953 hasta las 12 primeras semanas de embarazo, el gobierno fue introduciendo obstáculos progresivos: períodos de espera obligatorios, asesoramiento previo forzoso y la imposición de escuchar el latido fetal antes de la intervención. La objeción de conciencia del personal sanitario, además, no está regulada, lo que ha derivado en que muchas mujeres deban viajar a Austria para abortar, generando una desigualdad de clase evidente: no todas pueden permitirse ese desplazamiento.
El andamiaje ideológico de estas políticas se construyó sobre el discurso de la familia tradicional y el fomento de la natalidad. Orbán implementó incentivos económicos —exenciones fiscales de por vida, préstamos con condiciones favorables, amplios permisos de maternidad— pero todos ellos vinculados al matrimonio heterosexual. En caso de separación, los préstamos vuelven a precio de mercado, lo que genera dependencia económica dentro de la pareja y convierte a las mujeres en las principales perjudicadas de una ruptura.
Los datos avalan esta radiografía. Según el Índice de Igualdad de Género 2025 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, Hungría obtuvo 51,6 puntos, frente a una media europea de 63,4, con un avance de apenas 2,1 puntos en la última década. En el plano del poder político, el retroceso fue incluso más llamativo: si en 2020 había un 16% de mujeres ministras, el último gobierno de Orbán estuvo compuesto exclusivamente por hombres.
Respecto a la comunidad LGTBIQ+, la ley de 2021 que prohíbe la «promoción» de la diversidad sexual ante menores marcó un punto de inflexión. En la práctica, supuso la prohibición de visibilizar la diversidad en escuelas, materiales educativos y televisión antes de las 22:00 horas. Sus consecuencias se extendieron al cierre de editoriales, la pérdida de empleos en el sector cultural y la retirada de libros de librerías, según documenta Amnistía Internacional.
En 2025, una nueva ley fue más lejos aún y prohibió las manifestaciones que contravinieran esa normativa, lo que equivale en la práctica a ilegalizar marchas del Orgullo. La ley contempla incluso el uso del reconocimiento facial, vulnerando directamente la legislación europea. En ciudades como Pécs, el organizador de una marcha enfrenta hoy cargos penales; solo la movilización masiva de activistas y políticos europeos permitió la celebración del Orgullo en Budapest el año pasado.
El impacto en la vida cotidiana es profundo. Para gays, lesbianas y bisexuales, el daño es principalmente social y emocional, en un clima de odio normalizado. Para las personas trans, la situación es crítica: no pueden modificar su género legalmente, tienen acceso muy limitado a atención sanitaria y muchas se ven obligadas a obtener hormonas por su cuenta o a viajar al extranjero para recibir tratamiento.
Las elecciones recientes, que dieron la victoria al partido conservador Tisza y a su líder Péter Magyar, abrieron un nuevo escenario, pero sin certezas. Magyar no mencionó en campaña ni los derechos de las mujeres ni los de las personas LGTBIQ+, y el programa de Tisza guarda también silencio sobre estas cuestiones. Tras su victoria, el nuevo líder sí hizo referencias genéricas a respetar las libertades de la Unión Europea y proteger a todos los ciudadanos, pero sin compromisos concretos.
Los cambios reales implicarían reformas legislativas de calado: ratificar el Convenio de Estambul, eliminar las barreras al aborto y derogar las leyes discriminatorias contra la comunidad LGTBIQ+. Sin esas medidas, la herencia de Orbán seguirá determinando la vida cotidiana de miles de personas en Hungría, independientemente de quién gobierne. Como resume Beatriz Martos, de Amnistía Internacional: «Al ganar sí que ha hecho algún guiño sobre que va a respetar las libertades de la Unión Europea […]. Ahí veremos si realmente protege a todos o solo a un tipo concreto de perfil.»
Fuente: María Martínez Collado, Público — La Hungría de las mujeres y de las personas LGTBIQ+ después de Orbán: años de retrocesos y una oportunidad de revertirlos
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