Ajuste y resistencia: El colectivo disca responde al cierre de la ANDIS
El Gobierno Nacional anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud. El vocero Manuel Adorni justificó la medida bajo la premisa de «recortar estructura inútil» y «transparentar» el sector, tras denunciar irregularidades en la asignación de pensiones. Sin embargo, la decisión llega en medio de un clima de tensión por el ajuste presupuestario y el reciente escándalo de presuntas coimas que salpicó a exfuncionarios del organismo.
La reacción de las organizaciones sociales fue inmediata. Desde el colectivo «Discas en Lucha» lanzaron un comunicado urgente donde repudiaron el anuncio y calificaron la medida como un «atropello». «La ANDIS es nuestra, es un espacio histórico con valor simbólico. La vaciaron y ahora quieren desaparecerla», denunciaron, al tiempo que convocaron a una asamblea para coordinar acciones de resistencia frente a lo que consideran un nuevo recorte de derechos fundamentales.

El anuncio oficial evitó mencionar la causa judicial que tramita en Comodoro Py, donde se investiga una red de corrupción vinculada a la compra de medicamentos durante la gestión actual. A pesar de los allanamientos y el hallazgo de sumas millonarias en efectivo en domicilios de exfuncionarios, el discurso oficial se centró en señalar irregularidades de gestiones previas, como el cobro de pensiones por personas fallecidas o la falta de documentación válida.
Para el colectivo disca, la eliminación de la autarquía de la Agencia representa un retroceso institucional grave. Sostienen que el traspaso a Salud despoja a la discapacidad de su perspectiva de derechos humanos para devolverla a un enfoque puramente médico y asistencialista. «Las personas con discapacidad existimos, resistimos y queremos que se respeten nuestros derechos», sentenciaron desde la organización, exigiendo el apoyo de la sociedad civil.
En este contexto de incertidumbre, Adorni prometió que las políticas se administrarán con «criterios sanitarios» y auditorías permanentes, asegurando que no se cortarán las pensiones vigentes. No obstante, la desconfianza del sector crece, ya que el anuncio se suma al previo desfinanciamiento de prestaciones básicas y a la falta de respuesta ante la emergencia que atraviesa el área desde hace meses.
La lucha se traslada ahora a las calles y a las asambleas. Mientras el Ejecutivo avanza con el desmantelamiento de organismos descentralizados, el movimiento de personas con discapacidad se declaró en alerta máxima. Prometieron activar todas las formas posibles de protesta para evitar que la eliminación de la ANDIS signifique, en la práctica, la invisibilización definitiva de sus necesidades y conquistas históricas.
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